Víctor Álvarez R.
Investigador del Centro Internacional Miranda
Contenido
En una sociedad rentista, los actores económicos y
sociales se acostumbran a obtener ingresos que no son fruto de su trabajo. Desde
que apareció el petróleo en Venezuela ha sido más fácil devorar la renta,
comprándole al resto del mundo lo que bien pudiéramos estar generando
internamente con trabajo productivo. El reto está en sustituir esa mentalidad
rentista por una nueva cultura del trabajo. Solo así podremos convertir los
recursos naturales que exportamos sin mayor valor agregado, en una creciente
producción agrícola e industrial que sustenten la soberanía productiva.
La transformación productiva planteada en Venezuela tiene dos ejes
claves. 1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de
innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal. 2) La transformación
del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía socialista diversificada,
capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales
de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable
para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Venezuela es un país con un fuerte arraigo
extractivista y por eso depende de la
captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus
necesidades..
El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la obtención de
una renta por la explotación de recursos naturales y energéticos. Lleva a la
dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología,
los cuales se limitan a vender tales recursos en lugar de transformarlos
industrialmente. Es un modelo depredador del ambiente toda vez que agota los
yacimientos o los extrae a un ritmo superior a la tasa de reposición.
Se trata de un modelo de enclave con una actividad aislada del resto de
la economía y poco impacto sobre desarrollo endógeno. La mala asignación de los factores
productivos distorsiona la dinámica económica. Coexisten sistemas de alta y
baja productividad, pobre densidad de empresas industriales por cada mil
habitantes, poca diversificación e integración industrial.
Al analizar la estructura de la
Población Económicamente Activa, salta a la vista el incremento de la fuerza
laboral ocupada en el sector público. Como se sabe, este es un empleo
inflacionario, toda vez que el incremento de la demanda que subyace en las
remuneraciones, bonos y beneficios laborales de los empleados públicos no tiene
como respaldo una abundante producción de bienes y servicios que permita
mantener el necesario equilibrio entre la oferta y la demanda. Así, los
ingresos de los empleados públicos se traducen en una permanente inyección de
recursos en el mercado monetario sin el correspondiente incremento en el
mercado de bienes y servicios.
No se trata de dar empleo sino de generar trabajo
productivo a través del impulso a un nuevo modelo en manos de los trabajadores
y de la comunidad, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. Solo así será
posible impulsar una creciente actividad económica capaz de asegurar una abundante
producción de los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de
la sociedad, manteniendo los necesarios equilibrios entre el mercado de bienes
y servicios y el mercado monetario, entre la oferta y la demanda.
La “siembra del petróleo” no debe ser vista solo
como inversión en autopistas, ferrovías, metros, puentes, centrales termo o
hidroeléctricas y demás obras de infraestructura. Este enfoque “desarrollista”
fue el que predominó en el pasado reciente y por eso la inversión de la renta
favoreció a las empresas contratistas a las que se les adjudicaban las obras,
mientras el desempleo, la pobreza y la exclusión social causaba estragos en la
mayoría empobrecida de la población.
La inversión en infraestructura es necesaria más no
suficiente. Si queremos acabar con estos flagelos sociales, un porcentaje
creciente de la renta petrolera debe ser invertido socialmente para garantizar
el derecho de todos los venezolanas/os al trabajo, alimentación, educación,
salud, vivienda, ciencia, tecnología, cultura, deporte, etc. Y, por supuesto,
otro porcentaje significativo debe ser invertido en distintos fondos de
compensación macroeconómica, desarrollo nacional y patrimonial que minimicen el
impacto negativo del comportamiento errático que a lo largo de la historia han
tenido los precios del petróleo.
El crecimiento del PIB a lo
largo de varios trimestres no se tradujo en más calidad desde el punto de vista
productivo. Por el contrario, el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de
sectores estratégicos como la agricultura y la manufactura retrocedió. Para
lograr las metas de seguridad y soberanía productiva Venezuela debería tener
una agricultura que pese, al menos, 12 % del PIB y apenas aporta 4,5 %. Una
economía es considerada industrializada cuando la manufactura aporta al menos
el 20% del PIB, y en Venezuela apenas es del 14%.
La
escasez se origina en una política económica que, si bien ha hecho crecer el
PIB, este crecimiento ha sido de baja calidad, toda vez que se basa en los
sectores del comercio importador y los servicios financieros, a expensas de una
caída sostenida de la agricultura y la industria, que son precisamente los
sectores que generan los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las
necesidades básicas y esenciales de la población.
Es típico
que en la antesala de un proceso electoral se produzcan brotes de acaparamiento
y especulación con el objetivo de causar malestar en el electorado. Pero los
elevados y sostenidos índices de escasez en Venezuela se deben a un problema
estructural que tienen que ver con el desmantelamiento del aparato productivo.
Incluso, en la red Mercal y PDVAL se
observan anaqueles vacíos, evidencia clara de una escasez que tiene una causa
estructural, toda vez que esas redes no fueron creadas para acaparar ni
especular.
La
exacerbación del
consumismo consubstancial a los auges rentísticos tiende a aumentar la demanda
de divisas para conjurar la escasez. El anclaje cambiario -al golpear la producción
nacional-, a la larga causa escasez, toda vez que el subsidio al dólar se
traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la producción
nacional. Como la producción nacional cae de manera sostenida, crece la demanda de divisas para importar y conjurar la
escasez, el acaparamiento y la especulación. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
Este círculo vicioso se ve agravado por el anclaje cambiario que tiende a
abaratar el dólar oficial y subsidiar las importaciones que se hacen a la tasa
de cambio oficial, en comparación con el precio de la divisa en el mercado.
La manufactura tiene un gran efecto multiplicador sobre los demás
sectores económicos. “Aguas arriba” demanda materias primas a la agricultura,
pesca, forestal, minería, etc. “Aguas abajo” ofrece bienes intermedios e
insumos industriales para el desarrollo de otros sectores. Además, demanda
servicios de apoyo, agua, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento,
infraestructura, redes de distribución y comercialización. Cuando crece la industria
crece toda la economía.
La industrialización socialista que está planteada
en Venezuela la entendemos como un proceso llamado a sustituir la
industrialización basada en la explotación del trabajo ajeno, el uso intensivo
de materias primas y energía, la depredación del ambiente y los desequilibrios
territoriales, por un nuevo tipo de industrialización basado en diferentes
formas de propiedad social, la aplicación de nuevos principios para la justa
remuneración del trabajo y la inversión social de los excedentes, el uso de
información y conocimientos científicos y tecnológicos, la preservación del
ambiente y el desarrollo armónico de las regiones.
En este sentido, se impone un balance crítico del
proceso de industrialización en las condiciones del capitalismo rentístico
venezolano. Cuestionamos la sustitución ineficiente de importaciones que condenó
a los trabajadores a adquirir productos de inferior calidad y precios
superiores a los importados, pero también condenamos la apertura neoliberal que
sometió a los productores locales a una feroz competencia con las importaciones
procedentes de las principales potencias industrializadas. Como alternativa
entre estas dos opciones extremas se plantea la necesidad de reivindicar las
políticas industriales y tecnológicas para profundizar la reactivación,
reconversión y reindustrialización del aparato productivo, como condición
básica para alcanzar la plena soberanía económica.
Si bien es cierto que
a través del Plan Plena Soberanía Petrolera
se ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, queda pendiente una
política de industrialización de los hidrocarburos, toda vez que se sigue
exportando petróleo crudo y gas líquido para luego importarlo con valor
agregado.
La abundancia
de divisas y el anclaje cambiario se traducen en un dólar subsidiado que
desplaza a la producción nacional, tova vez que resulta mucho más barato
importar que producir para sustituir importaciones o exportar. Si nos
planteamos para los próximos años una meta de alcanzar por lo menos un
establecimiento industrial por cada mil habitantes, podríamos lograr en un
lapso de diez años a 28 mil establecimientos industriales, que es mucho más que
los 7.000 establecimientos industriales que tenemos ahora. Eso permitiría
sustituir buena parte de las importaciones que actualmente hacemos y
diversificar la oferta exportable, particularmente la derivada de la
industrialización de los hidrocarburos que es donde el país posee importantes
ventajas comparativas.
Las contradicciones entre las políticas
macroeconómicas y sectoriales mediatizan y pueden llegar a anular los
incentivos gubernamentales para impulsar la transformación productiva. De allí
la necesidad de armonizar la política fiscal, cambiaria, monetaria y financiera
con la política agrícola, industrial y tecnológica. Impulsar la construcción de
un nuevo modelo productivo exige una eficiente intervención del Estado para
orientar un proceso que no puede quedar a merced de las fuerzas ciegas del
mercado. El Gobierno Bolivariano puede combinar diferentes
incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras
gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. hasta
elevar la actual densidad industrial de 0.25 a 1 establecimiento industrial por
cada mil habitantes y lograr que el aporte de la manufactura al PIB suba del
actual 14 % a 20 %, alcanzando así Venezuela la condición de país
industrializado.
Se impone evolucionar de la simple administración de
divisas provenientes de la renta petrolera a un manejo inteligente de la
política cambiaria, en función de inducir la transformación estructural del
aparato productivo. En este sentido, urge aplicar una tasa de cambio que
exprese la verdadera productividad del aparato productivo interno, que no
subsidie a las importaciones, para así darle margen al desarrollo de la
producción agrícola e industrial que se han visto seriamente afectadas por las
crecientes importaciones que se hacen con una tasa oficial subsidiada.
En Venezuela el precio del dólar se mantiene fijo
por varios años a pesar de que el país registre una inflación superior a la de
sus socios comerciales. La consecuencia inevitable del anclaje cambiario es la
sobrevaluación del bolívar. Esto se refleja en el hecho de que los productos
importados resultan ser mucho más baratos que los nacionales. Cuando la
sobrevaluación se ha hecho insostenible, el gobierno ha aplicado maxidevaluaciones
de 100% y 46,5%, pero la tasa de cambio sigue tan sobrevaluada que la
insaciabilidad del dólar no cesa y la creciente demanda de divisas baratas ante
CADIVI continúa. Aunado a esto, el traspaso de divisas a fondos de gasto que
maneja directamente el Ejecutivo como el FONDEN merman las divisas disponibles
para atender las necesidades del aparato productivo. Por si fuera poco, en un
contexto inflacionario, los agentes económicos
recurren masivamente a la compra de dólares en el mercado paralelo para
protegerse de la inflación.
El anclaje cambiario se ha convertido en un subsidio al dólar. En los
hechos, esto se traduce en un subsidio a las importaciones que desplazan la
producción nacional. Corregir esta problemática requiere una política cambiaria dinámica y flexible, con ajustes
periódicos en el precio oficial del dólar. El reto está en encontrar una tasa
de cambio que exprese la productividad real de la agricultura y la industria con
el fin de propiciar las transformaciones estructurales en el aparato productivo
y así poder sustituir importaciones y diversificar las exportaciones. Se trata
de convertir la política cambiaria en un eficaz instrumento que facilite la
inserción productiva de Venezuela en la integración latinoamericana al permitir
que los exportadores que colocan sus productos en los países del Alba y
Mercosur, participen directamente en la subasta de dólares, ofertando el
equivalente al valor agregado que exportan.
En lo que va de año la inflación ya está en 7.7 %. Si esta tendencia se
proyecta al resto del año, la inflación puede superar el 25 %. Sobre todo si
tomamos en cuenta que el lado malo del ajuste cambiario es el encarecimiento
del componente importado, lo cual atiza aún más la inflación.
El control de precios ha mostrado sus límites. Se controla el precio
final pero se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las
materias primas, insumos y maquinarias. Así, hasta en las cooperativas de la
economía social los costos de producción superan el precio controlado y
desestimulan la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de
acaparamiento que agravan la escasez. Para evitar este círculo vicioso hay que
diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en
política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de
política agrícola, industrial y tecnológica.
La clave del éxito está en reactivar el aparato productivo,
reindustrializar la economía nacional y dinamizar los canales de distribución y
comercialización para derrotar la escasez, el acaparamiento y la
especulación.
Si el
gobierno o algún ente público con déficit requiere financiamiento, suelen emitir
obligaciones para que sean adquiridas por inversionistas nacionales o
extranjeros, por la banca, o por el BCV. Entre los activos que puede adquirir
un banco central figuran los títulos valores, como bonos y pagarés. Y cuando un
instituto emisor adquiere un activo, entonces crea dinero primario con el que
realiza la compra.
Cuando los
bancos centrales pueden crear dinero, suele ser una tentación para un gobierno
en déficit buscar financiamiento en el instituto emisor, a través de la emisión
de bonos u otras obligaciones que la autoridad monetaria les compra. Justamente
esto es lo que se conoce como la monetización del déficit fiscal.
Actualmente el déficit del sector
público consolidado esta en el orden del 15 % del PIB (incluye PDVSA, empresas
básicas y empresas nacionalizadas). Este déficit se presenta en momentos en que
los precios del petróleo han perforado la barrera de $ 100 dólares/ barril.
Si el financiamiento del déficit fiscal por
parte del BCV se convierte en una práctica reiterada y creciente, las
consecuencias son nefastas. La expansión de la liquidez monetaria sin respaldo
en el aumento de la oferta de bienes y servicios, se traduce en un deterioro del
poder de compra de la moneda. Por lo tanto, se trata de prescindir del financiamiento del gasto público a
través del BCV para evitar las emisiones de dinero inorgánico que atizan la
inflación.
Sin embargo,
las modificaciones a la Ley del BCV están transformando al instituto emisor en un
gran financiador del déficit fiscal. Hasta PDVSA y otras empresas públicas no
financieras ahora pueden endeudarse con el BCV. De hecho, al cierre de 2012, la
deuda neta de la petrolera con el instituto emisor superó los 165 millardos de
bolívares, justo en el año en que se vendió el petróleo al mayor precio. En el
caso de las otras empresas públicas no financieras, su deuda neta con el BCV
superó los 15,5 millardos de bolívares al cierre de 2012.
La
monetización del déficit mediante el financiamiento del BCV al gobierno ha provocado
un crecimiento de la liquidez monetaria en torno a un 65% interanual. Y ésta es
una de las causas propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto
inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los
sectores que viven de un ingreso fijo.
De continuar esta situación podríamos caer en
un proceso perverso de creación desproporcionada de dinero base y de expansión
de oferta monetaria sin el debido respaldo, lo cual inevitablemente nos
llevaría a sufrir una inflación cada vez mayor. De hecho, el uso de las reservas internacionales del BCV por
parte del gobierno, y el financiamiento del gasto público a través de la
emisión de dinero inorgánico están comenzando a generar efectos inflacionarios
no deseados. Es necesario recordar una vez más que en todos los países donde se
ha incurrido en un desenfreno fiscal, las consecuencias inflacionarias han sido
inevitables y ha afectado sobre todo el poder adquisitivo de los salarios de
los trabajadores.
Habría que repensar la reforma de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público, según la cual el Ejecutivo
podrá contraer nueva deuda sin necesidad de contar con la aprobación de la
Asamblea Nacional, ni la opinión favorable del BCV.
Sería preferible obtener los ingresos fiscales que
hacen falta sincerando el precio de la gasolina. No obstante, el gobierno está
preso de un rígido tabú en torno al precio de la gasolina.
En 1989, el aumento del combustible fue el detonante
del Caracazo, más no la causa de aquellas protestas. Las mismas fueron la
expresión del descontento acumulado por la aplicación de un conjunto de medidas
antipopulares, tales como: liberación de precios, eliminación del control de
cambio, aumento de las tasas de interés, privatización de empresas con la
pérdida de millares de puestos de trabajo. Hoy la situación es muy distinta y
no hay ningún tipo de riesgo de que se produzca un segundo Caracazo. El pueblo
ha recibido el impacto positivo de la política social del Gobierno Bolivariano
y está cada vez más consciente del despilfarro que estimula una gasolina tan
barata. Por eso respaldaría la medida de sincerar el precio de la gasolina,
siempre y cuando buena parte de estos ingresos adicionales se reorienten hacia
la inversión social y la modernización del transporte público, en lugar de
seguir regalando el combustible a los poderosos que ostentan varios vehículos y
son los únicos que se benefician con la gasolina subsidiada.
La gasolina barata significa un subsidio que favorece a los
propietarios de vehículos con alto consumo de gasolina, mientras que los más
pobres se ven obligados a usar un transporte público todavía deficiente. En otros países, para llenar un tanque
de 60 litros hay que pagar $ 60, mientras que en Venezuela sale por menos de $
1. Una
botellita de agua cuesta 20 veces más que un litro de gasolina. Si comparamos el precio interno con el
internacional el subsidio anual supera los $ 15.000 millones, superior a las transferencias
de PDVSA a las misiones sociales, que son de $ 14.000 millones.
La deuda pública externa completa significa sumar la
deuda de la administración central, la de PDVSA, los préstamos otorgados por
China, Rusia, Brasil, así como los pagos pendientes por la expropiación de
empresas.
La deuda pública externa se encontraba en $
28.050millones en 1998 y se mantuvo alrededor de $ 30.000 millones hasta 2007.
A partir de allí ha aumentado en términos absolutos. Consolidando las emisiones
de deuda soberana y los petrobonos de Pdvsa al cierre de 2012, asciende a $ 105.779
millones, lo cual representa un aumento
en más de 277%. De este total, $
62.205 millones corresponden a PDVSA y 20.000 millones de préstamos chinos. Está
conformada de la siguiente manera:
A la anterior tasa de cambio de 4.30 Bs/$ la deuda
externa representaba un 23,6 % del PIB. Este porcentaje que se
consideraba manejable, se ve alterado por la nueva paridad cambiaria. Para
valorar mejor el verdadero peso de la deuda externa, además de esta relación con
el PIB, conviene observar también su correlación con las reservas
internacionales, la velocidad del endeudamiento, las condiciones de plazo y
tasas de interés a las que se contrae, así como las fuentes de divisas para su
cancelación. Sobre esta base, estaremos en mejores condiciones de estimar si la
deuda externa realmente está en un monto razonable y dentro de rangos
manejables.
En primer lugar,
hay que considerar el impacto de la reciente devaluación sobre el PIB en
dólares. El mismo PIB en bolívares se altera en dólares si se convierte a la
tasa de cambio de 4.30 Bs/$ o a 6.30 Bs/$. En dependencia del tipo de cambio al
cual se divida el monto del PIB en bolívares, el resultado será muy diferente
en dólares y, la correlación Deuda/PIB también se alterará. Con la nueva
paridad el PIB no llega a $ 400 mil millones sino que se reduce en un 46,5 %,
que fue el porcentaje de la devaluación. Aunque se trate del mismo PIB en
bolívares, al dividirlo entre una tasa de cambio mayor, el resultado del PIB en
dólares ahora es menor. Por lo tanto, el endeudamiento externo como porcentaje
del PIB ahora es mucho mayor.
Otro asunto muy importante es el costo de la deuda.
Si Venezuela tiene que emitir deuda a dos dígitos, mientras que otros países
con más problemas lo hacen a menos del 10%, la deuda Venezolana puede estar
resultando muy cara; y, en dependencia del plazo, el solo pago de intereses
puede llegar a ser mayor que el monto de la deuda. En otras palabras, si Venezuela paga 10% de interés por colocar bonos de
deuda nacional y EE.UU. solo paga 2%, esto quiere decir que la deuda está
resultando muy cara para Venezuela. Por lo tanto, quienes participen en estas operaciones tienen que velar por el
patrimonio nacional. Es contrario al interés nacional un endeudamiento de la
República a tasas superiores a 12%.
Las Reservas Internacionales son los recursos en
divisas que tiene un país para garantizar las importaciones y el servicio de
deuda externa, en caso de un déficit en cuenta corriente o limitaciones de
financiamiento externo expresados en la cuenta capital.
Financiar el déficit fiscal por la vía transferencias
de reservas internacionales al FONDEN tiene como consecuencia una presión sobre la
liquidez monetaria, lo cual acelerará la presión alcista sobre los precios. Por los estragos inflacionarios que ya está
causando, habría que revisar y rectificar
las reformas que se hicieron al Decreto que creó el FONDEN, a través del cual
se le autoriza a emitir títulos y realizar operaciones de endeudamiento.
También debería revisarse y rectificarse el decreto que creó la “Contribución
Especial de Precios Extraordinarios y
Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos”. Como se sabe, las
transferencias de PDVSA al FONDEN derivadas de los altos precios petroleros,
podrán ser hechas tanto en divisas como en moneda nacional. Si bien es cierto
que cuando PDVSA vende dólares al BCV se incrementan las Reservas
Internacionales en poder del BCV, hay que tener en cuenta que al superar el
nivel de “Reservas Adecuadas”, el excedente termina siendo traspasado al
FONDEN, por lo cual, lejos de aumentar las reservas Internacionales, finalmente
terminan financiando el creciente gasto fiscal.
La relación Deuda
Pública Externa vs Reservas Internacionales puede ofrecer un criterio
adicional para estimar el peso de la deuda y convenir el nivel adecuado de
reservas internacionales, en función de los compromisos de deuda y de
importación. De allí que un asunto clave se refiere a la fuente de
divisas que permiten pagar la deuda externa. En Venezuela es el petróleo.
Aunque se trata de un recurso que siempre se vende, su cotización no deja de
ser errática. Venezuela sigue siendo un país
mono-exportador y suele sufrir una caída de sus ingresos en divisas ante cada
recesión de la economía mundial, lo que podría afectar su capacidad de pago. Minimizar el impacto sobre la capacidad de pago de los altibajos del
precio del petróleo exige diversificar las exportaciones para generar fuentes
alternas de divisas y de menor fluctuación.
