lunes, 16 de abril de 2018

De la economía rentista a las industrias del conocimiento

Actualmente, las industrias más dinámicas, con mayor participación en el comercio internacional y en las que se generan los empleos mejor remunerados, no son las basadas en materias primas naturales o en el consumo de energía, sino las que se basan en la materia prima más importante de esta época: la materia gris.
De la ventaja comparativa asociada a la explotación de los recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas sustentadas en la capacidad para producir, circular y utilizar conocimientos. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron el petróleo y la energía para la actividad económica mundial, es semejante al que ahora tienen la información, el conoci­miento y los medios teleinformáticos para difundirlos. 
Facilitar el tránsito de una economía rentista a la nueva economía del conocimiento implica una creciente inversión en capital humano, en la planta física para las actividades científicas y tecnológicas, en el desarrollo de sistemas de información y en el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones que permita el acceso sin trabas a las autopistas de la información. La mejora de la calidad de Internet es una condición básica para facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas basadas en un uso inteligente de la información y el conocimiento en la producción y comercialización de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población.
La III y IV Revolución Industrial
La II Revolución Industrial llegó a Venezuela con retraso. La producción en masa en grandes plantas industriales comienza bien avanzado el siglo XX a través de la estrategia de sustitución de importaciones que dio origen a una industria sobreprotegida, muy dependiente de los subsidios e incentivos gubernamentales y muy poco competitiva para encarar el desafío de los mercados internacionales.
Al perder la protección arancelaria y para-arancelaria, la asignación de dólares preferenciales para la compra de maquinarias y equipos, las exoneraciones de impuestos y aranceles, el suministro de energía e insumos básicos en condiciones ventajosas, el financiamiento público a bajas tasas de interés y largos plazos, así como las generosas compras gubernamentales, esa industria sobreprotegida que creció al amparo del rentismo petrolero, no se pudo sostenerse en el mercado interno. Por si fuera poco, la ola de expropiaciones, la inseguridad jurídica, los rígidos controles de cambio y de precios y la conflictividad laboral se combinaron para provocar un efecto desindustrializador que redujo la contribución de la manufactura al PIB de casi 20% a finales de los 90, a 13 % al cierre de 2017.
La III Revolución Industrial estuvo signada por la difusión de las TIC, la interconectividad de las empresas y el inicio de la digitalización de los procesos productivos a través de la convergencia tecnológica del software, hardware y telecomunicaciones. La sinergia desatada abrió paso a un entramado de relaciones globales en el que el desarrollo económico y social de las naciones está cada vez más asociado a las inversiones públicas y privadas en el fortalecimiento del capital humano, las capacidades de infraestructura para la producción de información y conocimientos y, por supuesto, en los medios teleinformáticos que faciliten su difusión y uso en los procesos productivos. 
La IV Revolución Industrial tiene que ver con las radicales transformaciones tecnológicas que están borrando las barreras entre lo físico, lo biológico y lo digital.  Así lo vemos en los avances de la inteligencia artificial, la impresión de objetos en tres dimensiones (3-D), los artefactos, vehículos y edificios inteligentes que no necesitan operadores ni tripulación, la nanotecnología que requiere menos materia prima y más materia gris, la ciencia de los nuevos materiales, la robótica, la biotecnología, la biomedicina, las energías renovables y la computación cuántica.
La interconexión entre la producción real y la virtual a través de métodos digitales permite innovar los procesos y productos industriales, y optimizar el uso de la infraestructura industrial con el más bajo consumo de materias primas, energía y fuerza de trabajo. La creciente capacidad y velocidad de los sistemas digitales para facilitar el acceso, procesamiento y almacenamiento de un creciente volumen de información y conocimientos, ha hecho posible un aumento sin precedentes en la productividad de todos los factores productivos
Las redes de innovación
La reindustrialización de Venezuela en estos tiempos de la economía del conocimiento tiene por delante el reto de crear redes de cooperación entre entes públicos y privados para generar y aprovechar conocimientos y tecnologías en la producción de los bienes esenciales para satisfacer las necesidades de la sociedad.
Crear un clima para el entendimiento nacional depende en gran medida del nivel de desarrollo de las redes institucionales que permita la cooperación y complementación de los centros de investigación y desarrollo, las universidades e institutos tecnológicos, los diferentes sectores del aparato productivo, la banca y otras entidades financieras, las firmas de consultoría e ingeniería, las instituciones del gobierno central y local, los sindicatos y gremios profesionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas. Son redes de innovación productiva en las que todos interactúan para crear ventajas competitivas basadas en la cooperación y la complementación.  
Poco eficaz será el esfuerzo de reconciliación si no se cuenta con una sólida red institucional para que los adelantos de la ciencia y de la técnica fluyan y sean una fuente de soluciones para los problemas más acuciantes de la economía y la sociedad. Las mejores intenciones pueden verse anuladas si no se complementan con innovaciones organizativas, gerenciales, institucionales y sociales que faciliten la difusión y aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tecnología para encarar problemas que a fuerza de renta petrolera no se han podido erradicar. Articular en una Red Nacional de Innovación la amplia gama de actores sociales, económicos, políticos e institucionales que están llamados a participar en la superación de los grandes problemas que el país tiene planteados, es la gran tarea de este tiempo. Esa es la mejor mesa de diálogo, negociación y entendimiento que en el país se puede convocar.

Tarjeta solidaria: ¿más de lo mismo o un mal necesario?

El equipo asesor de Henri Falcón adelantó que -de ganar las elecciones presidenciales- su gobierno entregará tarjetas en dólares. “Nosotros vamos a traer una tarjeta solidaria a la que tendrán acceso todos los venezolanos, sin ninguna distinción política, a través de la cual cada adulto recibirá 25 dólares y cada niño 10 dólares”. Así lo anunció Francisco Rodríguez, coordinador del Programa Económico de Henri Falcón.
Como se recordará, no es la primera vez que un candidato presidencial ofrece tarjetas de ayuda económica como parte de su promesa electoral. En 2006, Manuel Rosales ofreció la Tarjeta Mi Negra y el Gobierno de Nicolás Maduro ha implantado el  Carnet de la Patria, a través del cual reparte bonos y ejerce un creciente control político y social sobre su clientela electoral.
Los efectos no deseados de la compensación social
Ciertamente, la viabilidad de la estabilización y reactivación económica no puede descuidar el problema de la compensación temporal que será necesario mantener, hasta tanto la actividad productiva comience a recuperarse y genere más y mejores puestos de trabajo.
Lo que hay que dejar claro desde un inicio es que los programas asistencialistas se utilizarán para aliviar el costo social causado por las políticas de ajuste, en caso de que éstas contraigan aún más la economía, destruyan empleos y empobrezcan a la población. En estos casos extremos, tales asignaciones se enfocarán en la compensación de la pobreza generada por las medidas de ajuste, y no podrán mantenerse una vez que hayan sido erradicadas las condiciones que las justificaron.  
Ahora bien, cuando se trata de un programa económico expansivo, que libera el crecimiento de las fuerzas productivas y genera empleos bien remunerados, la necesidad de medidas asistencialistas -como la Tarjeta Solidaria-, se reduce al mínimo y no debe tener tanta relevancia en la oferta electoral. Sobre todo si se tiene en cuenta que estas medidas compensatorias se desnaturalizan al paso del tiempo y terminan convirtiéndose en derechos adquiridos que en nada contribuyen a la recuperación del valor del trabajo y a la cultura del esfuerzo productivo.
Los programas compensatorios no corrigen las causas del problema y su prolongación en el tiempo los condena al fracaso en la lucha contra la pobreza. La asignación de bonos que no están asociados al esfuerzo productivo no sirve para superar la cultura rentista que espera seguir viviendo de ingresos que no son fruto del trabajo. Este tipo de subvenciones debe ser temporal y condicionado al logro de metas en capacitación técnica y empresarial para que los desempleados, excluidos y afectados por el Programa de Reformas puedan reinsertarse como nuevos emprendedores a la actividad económica. Así podrán generar una creciente riqueza y serán capaces de satisfacer, con ingresos propios, sus necesidades básicas de alimentación, educación, vivienda y salud, sin depender de los bonos que reparte el gobierno.
Tarjeta Solidaria. ¿Un mal necesario?
En una visión de crecimiento económico, la compensación hay que mantenerla pero será coyuntural. Dejará de ser un área relevante de la política pública a medida que la recuperación económica se traduzca en un aumento del empleo estable y bien pagado. Lo importante es tener claro que la compensación no es lo estratégico. Lo estratégico es la generación de riqueza a través de nuevas fuentes de trabajo productivo, lo cual permitirá sostener una permanente mejora de la participación del factor trabajo y de los nuevos emprendedores en la distribución del ingreso
Un cambio en la manera de gobernar requiere un cambio radical en la forma de concebir y ejecutar la intervención pública para enfrentar la pobreza y la exclusión social. La política social compensatoria no ofreció antes, ni podrá ofrecer nunca, una solución estructural al problema de la pobreza. Sus medidas, lejos de alterar las causas que originan la desigualdad en la distribución del ingreso, más bien las prolonga en el tiempo. Las políticas compensatorias crean inercias que condicionan su evolución en el largo plazo. Los bonos se vuelven “derechos inalienables” que absorben cuantiosos volúmenes de recursos, los cuales arrojarían mejores resultados si fuesen destinados a la formación empresarial, la capacitación y asistencia técnica,  y el financiamiento del emprendimiento productivo.  
Las políticas compensatorias no pasan de paliar los efectos de las medidas de ajuste y de la concentración de la riqueza, pero no atacan las verdaderas causas de la pobreza, las cuales tienen que ver con la necesidad de democratizar la educación en todos sus niveles, la capacitación técnica para el trabajo y el financiamiento productivo. Es así como se podrá democratizar el capital y crear un creciente tejido de micros y pequeñas empresas en las que se genere trabajo emancipado.
Los efectos progresivos de la política distributiva no se consiguen con subsidios indirectos que favorecen por igual a ricos y pobres, ni tampoco con programas  compensatorios a favor de los más empobrecidos. Se conquistan a partir de la ampliación de la estructura económica que soporta la generación de la riqueza. La mejor política social será una nueva política económica que, en lugar de generar efectos perversos sobre la población al destruir la moral de trabajo y llevarla a depender de las dádivas que reparte el gobierno de turno, más bien estimule el espíritu emprendedor y el valor del trabajo para multiplicar así el tejido productivo en el que se genera y distribuye la riqueza.
En los países de mayor desarrollo económico y social, la calidad de vida de los ciudadanos se sustenta en un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas. Son naciones donde el espíritu emprendedor es promovido y apoyado a través de políticas públicas que propician un adecuado entorno para que la iniciativa privada se despliegue y tenga éxito: desde el poder ejecutivo al que toca crear las condiciones macroeconómicas, de infraestructura y servicios que respalden la actividad productiva, hasta el poder legislativo al que le corresponde crear un marco legal claro y estable que estimulen la inversión, pasando por el poder judicial al que toca hacer cumplir las leyes y dirimir las controversias con la mayor transparencia y justicia posibles. Así es como se erradica la pobreza y la exclusión social que han servido de caldo de cultivo de un electorado clientelar

viernes, 6 de abril de 2018

Ventajas y desventajas de la dolarización

El economista Francisco Rodríguez, coordinador del programa económico del candidato Henri Falcón, ha planteado la dolarización de la economía venezolana. Vamos a evaluar la conveniencia y viabilidad de esta medida, explicando las ventajas y desventajas de la misma.
Una de las críticas más fuertes que actualmente se le hace al Gobierno es su pésimo manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria, toda vez que ha desatado una voraz hiperinflación que ha destruido el signo monetario nacional y el poder adquisitivo de los hogares que viven de un ingreso fijo en bolívares.
Venezuela ha registrado déficits fiscales durante 6 años consecutivos. En 2017 fue de 21 % del PIB. Eso es como una fiebre a 40. Las principales causas se ubican en el irracional subsidio a la gasolina, lo que Pdvsa deja de percibir al vender los petrodólares a una baja tasa de cambio, y los ineficientes subsidios a los bienes y servicios públicos como electricidad, agua, gas, metro, etc. los cuales se financian con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que han superado los Bs. 120 billones (120 x 1012). Y al inyectar semejante masa de dinero a una economía contraída -signada por crecientes índices de escasez-, mucha plata detrás de pocos bienes lo que ha hecho es desquiciar la hiperinflación.
A la presión deficitaria se suma la reciente práctica populista y clientelar de repartir bonos que no son fruto de un mejor desempeño productivo. Estos bonos también se financian con emisiones de dinero sin respaldo en la producción. Acabar con el desastre que causa esta manera irresponsable de gastar y financiar el déficit fiscal es justamente lo que se busca con la dolarización.
Análisis costo-beneficio
Cualquier decisión de política pública debe evaluar sus costos y beneficios. Al hacer esta comparación, los reparos más importantes que se le hacen a la dolarización se refieren a la pérdida de la política monetaria y cambiaria para contrarrestar el impacto de los shocks externos que afectan la economía venezolana, según sea el comportamiento de los precios del petróleo.
La política monetaria es la gama de medidas que aplica el BCV para proteger la capacidad adquisitiva del signo monetario nacional, impedir graves desequilibrios en la balanza de pagos, contribuir al crecimiento económico y a la generación de nuevos y mejores empleos. Esto se trata de lograr a través del manejo de la tasa de interés como uno de los instrumentos más potentes de la política monetaria para controlar la oferta-demanda de dinero. Como la inversión reacciona inversamente al comportamiento de la tasa de interés, en períodos de desaceleración, estancamiento o contracción económica, la autoridad monetaria disminuye la tasa de interés para estimular la inversión productiva. Pero cuando la economía está recalentada debido a un intenso ritmo de actividad, entonces el instituto emisor sube la tasa de interés para mesurar la expansión económica y evitar que se desquicien los precios.
Por su parte, la política cambiaria es clave para preservar el poder de compra externo de la moneda nacional. La productividad laboral es muy diferente entre los sectores de bienes y servicios transables internacionalmente. Cuando una economía no tiene una oferta exportable diversificada, el tipo de cambio tiende a reflejar la productividad del producto que más se exporta. Pero una vez que se alcanza un tipo de cambio que exprese la productividad promedio de la agricultura e industria, se reducen las importaciones y se incrementan las exportaciones de bienes transables. Pero para mantener la competitividad internacional no basta la manipulación de la tasa de cambio. Los exportadores están emplazados a mejorar su calidad, productividad y competitividad, lo cual implica invertir en talento humano y ofrecer mejores remuneraciones.
Impacto de la dolarización en el corto y largo plazo
En el corto plazo, el beneficio de dolarizar es que se frenaría en seco la hiperinflación. Ecuador sufrió inflaciones de dos dígitos a lo largo de veinte años, pero a partir de la dolarización en el año 2000, el promedio de inflación apenas llega a 3,8 %. Desde entonces, el ingreso per cápita ha crecido 114 %, liberando a más de tres millones de ecuatorianos de la pobreza extrema. El desempeño del Ecuador dolarizado está entre los mejores en América del Sur.
Pero cuando un país subdesarrollado, con una baja productividad, adopta la moneda de una potencia económica que lo supera ampliamente en niveles de productividad, difícilmente la producción agrícola o industrial del país dolarizado podrá competir internacionalmente. Al igual que Ecuador, Venezuela es un país petrolero. Y al dolarizarse, pierden su capacidad de ajustar el tipo de cambio para respaldar la competitividad de las exportaciones no petroleras. Rafael Correa no pudo respaldar la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras a través del manejo de la política cambiaria. Y a largo plazo, Venezuela pagaría costos semejantes al renunciar al manejo de la política monetaria y cambiaria.  
Una vez resuelto el problema inflacionario, recuperado el salario real y reducido el nivel de pobreza, Correa quiso eliminar la dolarización en Ecuador porque no podía expandir la economía a través de un aumento del gasto público y de la expansión de la liquidez. Por eso, al evaluar las ventajas y desventajas de la dolarización, hay que identificar y analizar cuáles serían las nuevas fuentes de financiamiento del gasto público, toda vez que ya no habría margen de maniobra para el manejo de la política monetaria con fines de expansión económica.
Dolarización y vulnerabilidad externa
Los países que dependen de un solo producto de exportación sufren de una gran vulnerabilidad externa. Si caen los precios del petróleo, no le entran suficientes divisas para financiar la expansión económica. Al estar dolarizados, se produce una contracción monetaria que presiona un alza en las tasas de interés, cuestión que desestimula la inversión productiva.
Bajo un sistema de flotación libre, el impacto de un shock externo es aliviado a través de la devaluación que encarece los bienes y servicios importados y fortalece la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras, contribuyendo así a corregir el déficit en la balanza comercial. Bajo un control cambiario con tasa de cambio fija y emisiones desmesuradas de dinero para financiar el déficit fiscal, se ejerce una permanente presión sobre el tipo de cambio paralelo al que se traslada la demanda insatisfecha de divisas. Así, es imposible mantener la oferta de dinero alineada con la tasa de cambio y por eso el dólar paralelo sube de manera incesante.
El régimen de cambios múltiples es la peor manera de administrar la política cambiaria, toda vez que genera incentivos perversos para los cazadores de rentas, especuladores cambiarios y corruptos que lograr amasar jugosas ganancias a través de toda clase de delitos e ilícitos cambiarios, causando un grave daño a los ingresos fiscales, las reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica.
A la hora de dolarizar, es necesario considerar la vulnerabilidad externa de Venezuela derivada de la volatilidad de los precios de su principal fuente de divisas, aunque el problema clave en el corto plazo para generar divisas no es la volatilidad de los precios del petróleo, sino la grave caída de la producción de Pdvsa. La pregunta entonces es: ¿En qué rango o banda debería moverse la producción y el precio del petróleo para sostener la dolarización?
La dolarización del salario
La mejor manera de lograr la competitividad internacional no es con base en salarios bajos. Sin embargo, un país que sufre un colapso de los precios del crudo necesita bajar sus sueldos en dólares para estimular inversiones y aumentar la oferta exportable que ayude a compensar la caída de la renta petrolera. Venezuela está lejos de lucir los salarios en dólares más altos de la región.
A la tasa de cambio paralela, el salario mínimo integral de 905 mil bolívares equivale a 4,35 $/mensual. Si la dolarización se aplicara a la última tasa Dicom de 40 mil Bs/$, el ingreso mínimo del trabajador subiría a 23 $/mes. Este nivel seguiría siendo apenas una fracción del sueldo mínimo promedio latinoamericano que está entre $ 350-400. A pesar de su estrepitosa caída, el actual nivel de reservas internacionales alcanzaría para convertir la totalidad del dinero circulante y los depósitos en dólares, a la tasa de cambio derivada de la última subasta del Dicom.
Los salarios dolarizados son tan bajos que su recuperación solo haría mella a la competitividad internacional, una vez que la recuperación económica llegue a un nivel tal que empuje incrementos significativos del salario. Y eso llevará al menos una década. Si la dolarización forma parte de un programa de reformas económicas bien diseñado y ejecutado, se corregirían los desequilibrios fiscales y monetarios que han provocado la hiperinflación. Una vez que la macroeconomía se estabilice y la economía real comience a crecer, los salarios en dólares comenzarán a aumentar, en lugar de seguir deteriorándose como ocurre actualmente.
El problema real de la productividad y competitividad de la oferta exportable venezolana no se deriva de los altos costos laborales, sino de los sobrecostos que genera el precario y deficiente entorno productivo: servicios, infraestructura, trámites, controles y regulaciones que castigan la competitividad. Y con la dolarización, el país renuncia al manejo del tipo de cambio para abaratar los sueldos, servicios y otros factores productivos que se pagan con moneda nacional, toda vez que estos habría que pagarlos en dólares.
Claves para una dolarización exitosa
En economía no hay panaceas. Las medidas cuando se diseñan y aplican bien, resuelven el problema principal, pero también suelen estar acompañas de efectos secundarios no deseados. Bien diseñada y aplicada, la dolarización no tendría por qué generar más costos que beneficios para la mayoría de la población.
Otro problema que se le atribuye a la dolarización es que volvería sal y agua el capital suscrito y pagado de los bancos y otros entes financieros que, convertido en dólares a la tasa Dicom de 40.000 Bs/$, quedaría reducido a $ 75 millones y la cartera de crédito no pasaría de $ 750 millones, monto insuficiente para financiar la reactivación de la economía. Esta relación se deterioraría a medida que la tasa de cambio de bolívares por dólares aumente.
Para que la dolarización sea exitosa debe ir acompañada de un oportuno y suficiente financiamiento externo de los organismos multilaterales. Estos fondos permitirían recapitalizar el sistema bancario, cubrir los déficits del sector público y reestructurar la deuda externa.
El gobierno ha demostrado ser más peligroso que mono con cuchillo de doble filo en el manejo desordenado de las finanzas públicas, en la emisión desproporcionada de dinero y en la administración poco transparente de la renta petrolera. En aras de enderezar el rumbo de la economía y recuperar el bienestar social, urge quitar de sus manos el manejo irresponsable de la política monetaria y cambiaria.
La dolarización temporal de la economía podría ser una medida conveniente para evitar que el gobierno de turno siga emitiendo dinero inorgánico para financiar el déficit de las empresas públicas, erradicando así el principal factor propagador de la hiperinflación que atormenta a las familias y empresas venezolanas. Al dolarizar, se acaba el relajo de la emisión de dinero porque el BCV no puede imprimir dólares.
Ante el pésimo empleo de la política monetaria y cambiaria que ha causado la espiral hiperinflacionaria, es absurdo darse golpes de pecho para dejarle al gobierno los instrumentos de política monetaria y cambiaria que no ha sabido utilizar. Si algo conviene al interés de las familias que viven de un ingreso fijo devorado por la hiperinflación que desencadena un déficit fiscal financiado con emisiones de dinero inorgánico, es precisamente quitarle el uso irresponsable de estos instrumentos. 
Al dolarizar el gobierno de turno perderá el manejo de las políticas monetaria y cambiaria, pero el país saldrá favorecido en el corto plazo al frenar en seco la hiperinflación, cuyos costos sociales y económicos son más difícil de recuperar a largo plazo si se mantiene la indisciplina fiscal y el desequilibrio monetario

El Petro es una forma de vender petróleo a mitad de su valor

En una reciente entrevista con José Vicente Rangel, Luis Britto García encendió las alarmas al señalar que el Petro es una forma de vender petróleo a la mitad de su valor. Ciertamente, con el argumento de estimular su compra temprana, la voz oficial de la Superintendencia de Criptomonedas había informado que el descuento podría llegar hasta el 60%. Por eso, un porcentaje de la emisión se adjudicó en la preventa de manera directa, a partir de una escala de descuentos cuyo mínimo es de 10%, tal como se lee en el Libro Blanco del Petro.
Quienes adquieran el Petro con semejantes descuentos a través de adjudicaciones directas, los podrán revender luego en bolívares para pagar impuestos, tasas, tarifas, servicios públicos, combustibles y demás rubros que han sido autorizados por el gobierno. Así, el beneficiario de la adjudicación directa paga la mitad del barril de petróleo al comprar los Petro, y luego recibe el doble al venderlos.
Si el petróleo que lo respalda sube, el Petro puede registrar un alza en su precio y así su tenedor obtendrá más bolívares. Pero esta apreciación del Petro beneficiará solo a los tenedores y no a la República, toda vez que para ésta el Petro es una obligación por la que debe responder, en caso de que se haga exigible la garantía.
Al atribuirle funciones de medio de pago al Petro, se incentiva su venta especulativa y da origen a la bicicleta financiera que advierte Luis Britto. El descuento de 50-60 % anima la compra de Petros, que luego son vendidos en bolívares al 90-100%, y con esos bolívares se vuelven a comprar Petros con descuento en futuras emisiones para que así el ciclo especulativo se repita infinidad de veces.
Operación de crédito público
Luis Britto también afirmó que el Petro es una operación de crédito Público. La propia documentación oficial lo ha presentado como un instrumento para romper el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de los EE.UU.
Considerando que el respaldo del Petro viene de los 5.342 millones de barriles certificados en el Campo 1 del Bloque Ayacucho en la FPO, será necesario emitir instrumentos financieros que represente los 100 millones de barriles que respaldan los 100 millones de petros, a razón de un barril de petróleo por cada Petro. Es decir, se trata de titularizar 100 millones de los 5.342 millones que están certificados en el Campo 1 del Bloque Ayacucho, para dejar claro que no se van a hipotecar todos los yacimientos de la FPO.
Por lo tanto, se trata de una operación de crédito público y el título representativo del respaldo del Petro será un instrumento negociable que equivale a la cantidad de barriles de petróleo que sirven de respaldo, y no compromete el resto de las reservas certificadas en un determinado campo, bloque o yacimiento.
En lugar de haber presentado al Petro como una criptomoneda para camuflar su verdadero objetivo, el gobierno ha debido hablarle claro al país y explicar que se trata de un criptobono; es decir, de la emisión de un instrumento financiero, tal como si hubiese sido una emisión de bonos convencionales de deuda.
Venta de petróleo a futuro
La recuperación de la producción de Pdvsa va a llevar su tiempo. A través del Petro, el petróleo se vende a futuro porque en estos momentos Pdvsa no tiene la capacidad operativa para extraer y vender esos 100 millones de barriles. Tampoco podría atender el reclamo de exigibilidad de la garantía en el corto y mediano plazo.
¿Qué pasaría si los inversionistas que compraron el petro en la oferta pública o en el mercado secundario luego hacen exigible el respaldo en petróleo?
Legalmente, el respaldo de una moneda es exigible por parte de quien tiene la misma. Una emisión de moneda con respaldo implica un pasivo contable para el emisor. Su respaldo o equivalente puede ser reclamado por el tenedor de la moneda, cuestión que no ocurre con las criptomonedas fiduciarias que no cuentan con respaldo material, sino que se basan en la confianza.
Negar la exigencia de la garantía del Petro anularía la ventaja que el gobierno le atribuye como una criptomoneda con respaldo. Esta decisión contradictoria desplomaría la cotización del Petro y haría imposible su aceptación en los mercados, abortando así el objetivo gubernamental de convertirlo en un instrumento para captar divisas.
PDVSA cargará con el peso del Petro
El pago recibido por la venta de los Petros entra a formar parte del Activo del ente emisor, mientras que los Petros vendidos se registran en el Pasivo. Así se mantiene el equilibrio del Balance General. Para poder responder a una eventual exigencia de los tenedores del Petro, el emisor debe tener la propiedad de los barriles de petróleo. Pero resulta que quien los tiene es Pdvsa y no la Superintendencia de Criptomonedas, la cual nació sin recursos para adquirir los 100 millones de barriles que respaldan los 100 millones de Petros.
Como la Superintendencia de Criptomonedas no tiene la propiedad sobre los 100 millones de barriles, ni siquiera en títulos representativos de estos, ante la eventualidad de que los tenedores hagan exigible la garantía de los Petros, será Pdvsa la que asuma la extracción, transporte y entrega de los barriles de petróleo que respaldan cada Petro reclamado. Y lo hará sin haber recibido el pago previo por los 100 millones de barriles que respaldaron la emisión de 100 millones de Petros.
Para que esta carga no la tenga que soportar la menguada Pdvsa, la Superintendencia de Criptomonedas debe comprarle a la compañía los títulos representativos de los 100 millones de barriles que respaldan la emisión de los Petros, o que Pdvsa asuma directamente las emisiones futuras de Petros. Así podrá captar los recursos que necesita para pagar las deudas con los acreedores y proveedores que necesita preservar, en función de recuperar su producción. 

jueves, 14 de septiembre de 2017

¿Cuáles serían las consecuencias de las sanciones contra el gobierno?

El presidente de EE.UU. amenazó conque: "Si el régimen de Maduro impone la Asamblea Constituyente, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas (…) y no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona". Si se instala la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ésta comienza por disolver la Asamblea Nacional (AN) e intervenir la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de Donald Trump seguramente cumplirá su amenaza y escalará las sanciones en contra de altos funcionarios del Estado venezolano, de la economía nacional y del sistema financiero público. Estas sanciones las aplicará gradualmente, comenzará con castigos individuales, luego prohibirá las transacciones comerciales y financieras y, finalmente, suspenderá la compra de petróleo venezolano.
De hecho, un día después que el gobierno de Maduro celebró la elección de la cuestionada ANC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) designó (léase sancionó) al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, argumentó que "Las elecciones ilegítimas confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano".
Días antes, trece altos funcionarios venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. En esa ocasión se trató de miembros actuales o ex funcionarios del gobierno, los cuales fueron clasificados en tres categorías:
·         Por debilitar la democracia y los derechos humanos: Tibisay Lucena, Elías Jaua, Tarek William Saab e Iris Varela.
·         Responsables de violencia y represión: Néstor Reverol, Carlos Pérez Ampueda, Sergio José Rivero, Jesús Suarez Chourio y Franklin García Duque.
·         Por corrupción: Rocco Albisinni, Alejandro Fleming, Simón Zerpa y Carlos Malpica Flores
Ya en mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había congelado los activos en territorio estadounidense de ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al acusarlos de ser responsables de una serie de sentencias que usurparon la autoridad de la AN, razón por la cual se le prohibió a los ciudadanos estadounidenses participar en cualquier negocio o transacción financiera con ellos.
En consecuencia, todos los activos ubicados en la jurisdicción de los EE.UU. pertenecientes a los funcionarios sancionados quedan congelados y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Vale saber que cada vez que la OFAC ejecuta estas sanciones, la lista de personas sancionadas es distribuida a todos los bancos e instituciones financieras que tienen operaciones en Estados Unidos, y si se descubre que éstas mantienen algún tipo de relación con las personas o activos designados podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en EE.UU.  
Consecuencias de las sanciones
Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela. El comercio bilateral totalizó $ 22.9 millardos en 2016. EE.UU. exportó a Venezuela $ 11.2 millardos e importó $ 11.7 millardos. Las ventas de EE.UU se concentraron en combustibles ($1.7 millardos), maquinarias ($ 868 millones), químicos ($ 312 millones) y maquinaria eléctrica ($ 289 millones). Las importaciones de alimentos desde EE.UU. giran en torno a los $ 750 millones e incluyen  maíz ($ 394 millones), soya ($132 millones), trigo ($ 98 millones), arroz ($ 84 millones) y aceite de soya ($ 41 millones). En 2016, las inversiones directas de EE.UU. en Venezuela fueron de $ 9.1 millardos, 20% menos en comparación con 2014. Las inversiones de Venezuela en EE.UU. totalizaron $ 4.2 millardos, concentradas en Pdvsa.
Estas sanciones se traducen en limitaciones a firmas estadounidenses como Chevron, Halliburton, Weatherford, etc. a la hora de hacer negocios con PDVSA, cuestión que afectará la extracción de crudos y la recuperación de la compañía. La sanción puede incluir la prohibición para vender gasolina y los diluyentes que Pdvsa necesita para mejorar los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Pdvsa compra a proveedores de EE.UU. 200.000 barriles por día de diluyentes para mezclarlos y mejorar el crudo pesado venezolano.
También el gobierno de Trump podría prohibir las exportaciones de crudo venezolano a los EE.UU. que están entre 700-800 mil bpd, equivalente al 49% de los barriles que generan liquidez. EE.UU. es prácticamente el único cliente que le paga en efectivo a Pdvsa, por lo que esta sanción provocaría que Venezuela deje de recibir el 75% de sus petrodólares. En tales circunstancias, es previsible que se agrave la escasez de divisas y se desquicie aún más el dólar paralelo.
EE.UU. tiene planificado reducir sus reservas estratégicas de 680 millones de barriles a 500 millones, por lo que la suspensión de las compras a Pdvsa le permitiría reducir 125 millones de barriles. Si EE.UU. deja de comprar la cuota petrolera venezolana, no hay cliente en el mercado internacional que pueda absorber inmediatamente esa cantidad de crudo. Conseguir un nuevo mercado para el petróleo pesado es muy difícil,  toda vez que se trata de crudos con alto nivel sulfúrico que solo procesan refinerías especiales. La suspensión de la compra de petróleo sería un golpe de gracia en el flujo de caja de Pdvsa que colapsaría sus operaciones logísticas, comerciales y financieras.
Al perder el 75% de su caja, la empresa no podría honrar sus pagos de deuda externa, sobre todo en octubre/noviembre cuando tiene vencimientos de capital. El 49,9% de Citgo está comprometido por la deuda con Rosfnet y esta garantía  sería ejecutada. El otro 51 % es la garantía que se ofreció a los acreedores que participaron en el canje del bono 2017 por el bono 2020.
Incluso, el flujo de caja quedaría en peligro, toda vez que los acreedores tratarán de bloquear el despacho de petróleo y exigirlo como pago de su deuda. Si Pdvsa cae en default, los acreedores embargarían los tanqueros de Pdvsa, las cuentas de la compañía en el sistema financiero internacional y las facturas por cobrar a los compradores del petróleo venezolano.

Al gobierno se le agota el margen de maniobra
Con esta presión, el gobierno de los EE.UU. y la comunidad internacional buscarán que la ANC se auto-disuelva para llamar a un Gobierno de Transición. Las sanciones agravarán la crisis humanitaria y acelerarán el deterioro de la precaria base de apoyo social que le queda al gobierno. Aun cuando las sanciones económicas y comerciales sean utilizadas como una excusa del gobierno para atizar su retórica antiimperialista y acusar de traidores a la patria a quienes no se cuadren con Maduro en su enfrentamiento con Trump, lo cierto es que la escasez de alimentos y medicinas viene de mucho antes.
Si la ANC se instala y comienza a sesionar, la Oposición mantendrá las protestas en la calle, la dirigencia será desbordada por la insurrección popular, el caos y la anarquía cundirán por todo el territorio nacional y esto desembocará en un golpe militar. Pero si el gobierno se sienta a negociar, tendrá que acordar la coexistencia de la ANC con la AN, liberar los presos políticos, activar el canal humanitario y anunciar un cronograma electoral.
En este escenario, la MUD se divide toda vez que AD, PJ, UNT y AP deciden participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Estallan escándalos que revelan el financiamiento ilegal a dirigentes de la Oposición y se filtra información sobre los contratos y dádivas que han recibido del Gobierno. Para silenciar el escándalo, los factores de la Oposición involucrados colaboran con el Gobierno, cuestión que acentúa el resquebrajamiento interno de la MUD. El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha la división y, aunque en las elecciones regionales la correlación de fuerzas cambia a favor de la Oposición, el oficialismo evita ser barrido y logra preservar buena parte de las gobernaciones y alcaldías como plataforma para su sobrevivencia y reconstrucción.
Sin lugar a dudas, las sanciones comerciales provocarían una caída en la extracción y exportación de petróleo, cuestión que afectaría las exportaciones venezolanas, colapsaría el ingreso en divisas y llevaría a Pdvsa a caer en un default de su deuda externa. Sin una renegociación pactada de la deuda externa, Venezuela caerá en un default desordenado y caótico. La economía venezolana se hundirá en una recesión mucho más profunda y se desataría una escalada inflacionaria que empobrecería aún más a la población.
La superación de la crisis política solo será posible si se aíslan los factores extremistas del Oficialismo y la Oposición que apuestan a exterminar a su rival. El reencuentro y la reconciliación nacional solo será posible si los factores en pugna deciden cooperar y complementarse para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social. Una vez estabilizado el país, se convocarían elecciones generales para que el nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.

¿Por qué se desquicia el dólar paralelo?

El dólar paralelo se calcula con base en los bolívares que hay que entregar por la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar en Cúcuta. El alza del paralelo se debe a un explosivo coctel que mezcla la escasez de alimentos y medicinas, el desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria, las pésimas expectativas sobre la inflación y el reciente éxodo de venezolanos que cruzan la frontera con bolívares y se apresuran a cambiarlos por pesos para comprar lo necesario para sobrevivir. Esta combinación pulveriza el valor del bolívar, razón por la cual cada vez se necesita una mayor cantidad de la moneda nacional para comprar los pesos que luego se cambian por un dólar en Cúcuta.  
Las subastas del Dicom no han servido para frenar el paralelo. Las bandas se fijan arbitrariamente por debajo del precio que iguala la oferta y la demanda y esto estimula una mayor demanda que, al quedar insatisfecha, sube el precio del paralelo. Al asignar el mayor porcentaje del menguado ingreso petrolero a la tasa Dipro, en lugar de venderlo todo a la tasa Dicom, quedan muy pocas divisas para alimentar las subastas. Así, la demanda sobrepasa a la oferta y tiende a elevar el precio de equilibrio. Y al rezagarse la tasa Dicom en comparación con el paralelo, las subastas no terminan de incentivar la oferta privada, la cual se siente más atraída por el precio que paga el manipulado y poco transparente mercado paralelo.
La coexistencia de varios precios de la divisa estimula la especulación cambiaria. Mientras coexistan Dipro, Dicom y el paralelo, se mantendrán los incentivos perversos para la especulación cambiaria. Al no unificar el régimen de cambios múltiples, el Dicom no será un régimen de subasta clásico, con creciente oferta del sector privado, sino una limitada venta de petrodivisas con un tipo de cambio que no se podrá mantener y tenderá a depreciarse de manera continua.
La tasa paralela no es una cotización real porque no expresa la productividad y competitividad de la economía. Su desquicie es la consecuencia inevitable del abandono de la política cambiaria y monetaria. EL BCV no ha utilizado la tasa interés para drenar el exceso de circulante que se dirige a la compra de dólares. El mal manejo del encaje legal y de las tasas de interés que el BCV fija a los bancos, también ha contribuido al comportamiento errático del paralelo. El desbordamiento de los agregados monetarios atiza las bruscas oscilaciones del paralelo. La base monetaria ha aumentado entre julio 2016 y julio 2017 de 5 billones a 22 billones de bolívares, fundamentalmente para financiar el déficit de Pdvsa y el Gobierno.
De hecho, en los días previos a la elección de la ANC, Pdvsa pagó con bolívares deudas en dólares que tenía con contratistas y proveedores. Para proteger su poder de compra, estos corrieron al mercado paralelo a convertir semejante masa de bolívares en divisas. Por supuesto, la tasa de cambio no oficial estalló y trepó hasta 18.982,93 Bs/$, para caer en los días siguientes en torno a los 10.000 Bs/$ y volver a subir hasta los 16.256 Bs/$ a los que se cotiza al momento de escribir este artículo. Estas bruscas oscilaciones revelan claramente la naturaleza especulativa del dólar paralelo. Quienes vendieron cara la restringida ofertada de divisas, luego tumban el precio para comprar barato lo que luego vuelven a vender caro.
Son muy pocos los agentes económicos que ofertan divisas en el paralelo, mientras sigue siendo desmesurada la cantidad de bolívares que se le inyecta a la economía. Así, en cuestión de días los especuladores cambiarios acumulan millardarias ganancias al precio de desquiciar la formación de precios y la dinámica de los mercados. El desequilibrio entre oferta y demanda de dólares dispara el paralelo a niveles tales que ningún comerciante está en capacidad de ajustar los precios a la velocidad con la que se mueve el dólar paralelo, que es la tasa de cambio a la que reponen los inventarios y calculan los precios de venta. Y si lo hiciera, los precios serían tan exorbitantes que liquidaría su mercado y se quedaría sin clientela, que es justamente lo que viene ocurriendo.
Esta volatilidad del dólar paralelo se prolongará mientras no se despeje la incertidumbre económica, política y social. La emisión de dinero creció más de 300 %, mientras que el PIB continúa en una prolongada contracción. Y mucha plata detrás de pocos bienes agrava la inflación, razón por la cual las personas y empresas corren a protegerse en el dólar paralelo. Las tensiones políticas se agudizan, las presiones internacionales a raíz de la elección de la ANC se multiplican y hasta comienzan a sonar amenazas de intervención extranjera, incluyendo la militar. El empobrecimiento generalizado y la posibilidad de un estallido social contribuyen a este ambiente de incertidumbre que atiza la migración de miles de venezolanos que venden en sus casas, vehículos y demás activos en dólares, y quien los compra tiene que comprarlos en el mercado paralelo, lo cual representa una permanente presión al alza del precio no oficial de la divisa.
Por si fuera poco, la amenaza de un embargo a las compras de petróleo, la escasez de divisas y el riesgo de caer en un default, crean incertidumbre y temor en las empresas y agentes económicos que necesitan divisas para operar. Al acercarse los pagos de la deuda, las subastas del Dicom tienen los días contados. Las posibilidades de adquirir divisas a un tercio de lo que cobra el paralelo, sencillamente desaparecerán. El gobierno priorizará los pagos de la deuda externa y recortará la oferta de petrodólares en las subastas. Es previsible, entonces, que estas subastas apenas duren un par de meses más, y esta demanda se trasladará nuevamente al mercado no oficial, presionando así nuevas alzas del dólar paralelo

Venezuela necesita un Gobierno de Coalición

La amenaza de Washington de suspender la compra de 700 mil barriles diarios de petróleo y la cercanía de los próximos pagos de la deuda externa se conjugan para presionar al gobierno a replantear el diálogo político con miras a suspender o disolver la ANC y así poder conjurar el inminente colapso que se le avecina. La pérdida del mercado estadounidense aceleraría la implosión del gobierno al no contar con los $ 5 millardos que necesita para pagar los vencimientos de deuda externa previstos para el último trimestre del año. Si esto sucede, los acreedores demandarían a Pdvsa cuyos tanqueros y cuentas en el exterior serían embargados, cuestión que afectaría las operaciones de la compañía y haría más difícil la obtención de financiamiento externo, incluso en países como China, Rusia e Irán.
¿Qué pasa si Maduro suspende la ANC?
La ANC no le dará a Nicolás Maduro ningún poder adicional al que ya tiene como Presidente de la República. Todo lo contrario. Al ser un supra poder, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC, la cual no solo terminará de desalojar a la AN del Hemiciclo, sino que también destituirá a la FGR, terminará de encarcelar a los magistrados del TSJ recientemente electos, así como a los dirigentes de la Oposición que han liderado las protestas. Y hasta el propio Nicolás Maduro quedaría desplazado por la todopoderosa ANC, toda vez que quien la presida será, de hecho, el nuevo Presidente de la República.
Ante la amenaza de una ANC dominada por su archirrival interno, que aún no se repone de no haber sido el escogido como sucesor del Comandante Supremo, Maduro puede en el último minuto suspender la elección de los constituyentes. Su esperanza de vida como Presidente de la República es mayor si cancela la ANC con el argumento de lograr el reencuentro, la reconciliación y la paz nacional. Si bien ello se traduciría en una clara derrota política frente a sus adversarios de la Oposición, abortaría la intriga interna de quienes pretenden desplazarlo del poder a través del control de la ANC.
El sectarismo y el fanatismo
Lo peor para un país es estar liderado por una dirigencia política fanática, incapaz de darse cuenta del destino trágico al que están llevando a Venezuela, por culpa de su ceguera y tozudez. El sectarismo y el fanatismo han enfermado a buena parte de la dirigencia política del país que sufre de graves distorsiones cognitivas y los convierten en personas delirantes, incapaces de reflexionar para deponer actitudes intransigentes, que impiden que el país encuentre solución a la crisis.
Tal es la gravedad de la distorsión cognitiva que proponen una constituyente democrática pero la convocan sin consultar a la soberanía popular a través del voto universal, libre, directo y secreto. Presentan la ANC como un mecanismo para el diálogo y la paz, pero sentencian que meterán en prisión a los líderes de la oposición, la Fiscal de la República y los nuevos magistrados electos por la AN. Convocan una constituyente para la paz y simultáneamente lanzan la amenaza de defender con las armas lo que no logren con los votos. Aseguran que con la ANC derrotarán la guerra económica para reactivar la producción de alimentos, pero amenazan que no entregarán la bolsa Clap a los que no voten el 30 de julio. Reprimen brutalmente las protestas sin reparar en el inconmensurable costo de vidas humanas y daños materiales, que es lo que final y tardíamente lleva a los pueblos a tomar consciencia de que por mucho tiempo estuvieron siguiendo a sectarios y fanáticos, y no a verdaderos líderes.
Para aferrarse al poder, el oficialismo operó como una secta articulada capaz de colonizar los espacios de poder e instituciones que eventualmente pudiera perder. Así fue como creó una alcaldía paralela cuando perdió la Alcaldía Mayor, creó gobernaciones paralelas cada vez que perdía una elección, y vació de funciones a la AN a la cual ahora pretende terminar de lapidar con la convocatoria a una ANC fraudulenta.
Para someter los poderes públicos a la arbitrariedad de sus designios, el gobierno, colonizó el CNE, el TSJ, la CGR y la DP con ex diputados, ex ministros, ex gobernadores y fichas del PSUV, sin ninguna trayectoria de independencia e imparcialidad. Ubicó en esas instituciones públicas a operadores de la secta, capaces de guardar obediencia absoluta a la voluntad del jefe, donde cualquier crítica es considerada como un acto de indisciplina, insubordinación y traición.
Así, la secta  fue degenerando en una especie de mafia a la que se puede entrar, pero de la que no se puede salir. Quien lo hace es considerado un traidor que suele ser perseguido, calumniado y hasta encarcelado. Por eso, la secta termina conformada por fanáticos con los cuales no se puede dialogar, negociar ni mucho menos llegar a acuerdos.
Definitivamente, el fanatismo es una enfermedad cuyas consecuencias no las sufre quien la padece, sino la sociedad entera que paga el alto costo de la crisis política, económica y social. El fanatismo político se expresa en un pensamiento rígido que no es capaz de recapacitar, a pesar de que la realidad le diga todo lo contrario de lo que afirma y profesa. Fanfarronean con una épica de hazañas y heroicidades, hablan de estar dispuestos a hacer los más grandes sacrificios por la patria y el pueblo, pero llevan una vida ostentosa, muy alejada del padecer y sufrir de las grandes mayorías. Por eso, los fanáticos no tienen autoridad moral y no pueden ser líderes de ningún proceso de cambio y transformación.
Un Gobierno de Coalición
Para detener la degeneración dictatorial del régimen hay que comprender y aprovechar las divisiones internas del oficialismo. Las fuerzas democráticas van mucho más allá de la MUD e incluyen a los factores del chavismo crítico y a los despolarizados. El bloqueo estadounidense al petróleo venezolano y la inminencia de una intervención militar, le permitiría al Gobierno recuperar el apoyo del chavismo crítico. Si la nomenklatura oficialista cierra filas con la cúpula de la FANB, recuperar la dinámica electoral y democrática en Venezuela llevará mucho más tiempo. Por lo tanto, de cara a propiciar un clima de entendimiento nacional que abra paso a nuevas alianzas, no se trata simplemente de dividir al adversario sino de saber unirse con estos factores que también defienden la Constitución de 1999.
El Gobierno solo cederá espacios de poder si un sector importante dentro del chavismo y FANB plantea con firmeza la necesidad de un Gobierno de Coalición para evitar que se agrave la espiral de violencia, con su estela de odio y venganza que luego será muy difícil de contener. Este cruento escenario ahogaría en sangre al país. Evitar este desenlace exige que el Oficialismo y la Oposición se abran a la posibilidad de formar un Gobierno de Coalición para salvar la paz.
Las sanciones de Washington a funcionarios del gobierno venezolano y el consiguiente riesgo de extradición atemorizan a la nomenklatura oficialista. Ésta solo cederá espacios de poder si se les garantiza que no se desate una cacería de brujas en su contra. Se miran en el espejo de Nicolás Ceausesco y de Muamar Gadafi y les aterra pensar que puedan ser víctimas de los linchamientos criminales que suelen cometer quienes se toman la justicia por su propia mano.
De allí que el planteamiento de un Gobierno de Coalición vendrá acompañado de la exigencia de garantías mínimas por parte de los actuales gobernantes. No es fácil esta concesión, sobre todo cuando sobre las principales figuras del régimen pesan acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, lavado de dinero, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Pero mientras se recupera la autonomía de los poderes públicos y se fortalece el marco legal e institucional del país, esta tregua será necesaria para detener la espiral de violencia y alejar al país de la amenaza de una guerra civil.
Para el gobierno ya no hay más tiempo, se agotó su margen de maniobra. Esto abre vías para la construcción de un acuerdo básico entre los moderados del PSUV y de la MUD, sobre todo cuando ninguna de estas fuerzas cuenta con el liderazgo para controlar la protesta social que se ha desbordado y no responde ya a los lineamientos de la dirigencia política. Un llamado unilateral a enfriar la calle está asociado a un alto riesgo político que no quieren pagar nuevamente quienes ya fueron burlados en la primera convocatoria del diálogo.
El llamado a un Gobierno de Coalición permitirá crear una amplia coalición entre factores moderados del oficialismo, la oposición, el chavismo crítico y los despolarizados para que lideren juntos el reencuentro y la reconciliación nacional. Con este propósito, los moderados han venido dialogando sin hacer mucho ruido ni desatar férreas resistencias en los extremistas que consideran el diálogo como una traición. Pero solo el cumplimiento del gobierno con la agenda que quedó pendiente podrá darle credibilidad a una nueva etapa del proceso de diálogo.
Un pacto de gobernabilidad para la reconciliación nacional requiere grandeza humana, elevación espiritual y capacidad de perdón. Para que el país se reencuentre y reconcilie, los interlocutores de ambos lados tienen que ser otros muy distintos a los que se odian y no pueden verse ni en pintura. Un esfuerzo semejante, llamado a conjurar la amenaza de una guerra civil, no puede ser liderado por tramposos y resentidos, gobernados por el odio y afán de venganza. Esta es la clave para impulsar un Gobierno de Coalición en el que las fuerzas en pugna, en lugar de apostar a exterminarse, más bien se complementen para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social, de tal forma que un nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.