viernes, 7 de octubre de 2016

¿Por qué la MUD prefiere dejar el RR para 2017?

La revelación de las conversaciones secretas entre el Gobierno y algunos factores de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de estos representantes de la Oposición de impulsar el Referendo Revocatorio (RR) este año de 2016 y correr hasta las últimas consecuencias que se deriven de la realización del mismo.
Estas dudas se acrecientan aún más al conocer que fueron excluidos de estas conversaciones importantes partidos políticos que integran la MUD, cuyos principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.  
Se obstaculiza la participación ciudadana
El CNE decidió que la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, equivalente a 3.893.128 electores que se requieren para el RR, se hará por estado entre el 26 al 28 de octubre. Esta decisión obliga a la MUD a lograr ese porcentaje en cada una de los 24 estados que conforman el país. Esta decisión se considera inconstitucional, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.
A finales de noviembre el CNE declarará si procede o no su activación y solo a partir de diciembre se contarán los 90 días para que se convoque el RR. Así, la consulta popular quedaría pospuesta para mediados del primer trimestre de 2017.
En un apretado cálculo de los centros de votación, mesas y máquinas necesarias para captar las 3.893.128 manifestaciones de voluntad que se requieren para activar el RR, el CNE habilitará solo 5.392 captahuellas, repartidos en 1.356 centros a lo largo y ancho de los 335 municipios del país. Pero para que pueda participar todo el padrón de 19.465.638 electores, las colas serían interminables y mucha gente se quedaría frustrada al quedarse en la fila y no poder manifestar su voluntad. Según cálculos de la MUD, se necesitarían al menos 19.500 máquinas en 6.500 centros de votación.
Por si fuera poco, el CNE adicionalmente aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas, lo cual hará más lento el proceso y dejará a muchos más electores por fuera. De hecho, este requisito de verificar los dedos pulgares e índice de ambas manos es más engorroso que el de la validación de 1% del Registro Electoral, cuando a los electores solo se les pidió colocar solo los dedos pulgares.
En la validación del 1%, en promedio dos personas validaban su voluntad cada minuto, pero al colocar cuatro dedos se hará más lenta la verificación de las huellas y esto sentencia que el tiempo promedio por elector inevitablemente aumentará.
Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo y retrasarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a través del voto.
No puede ninguna burocracia o nomenklatura política vulnerar los derechos políticos de la ciudadanía que están consagrados en la CRBV. El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno.
El RR no es una concesión a las cúpulas políticas de la Oposición sino un derecho de la ciudadanía consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar la actual crisis de gobernabilidad. La realización o no del Referendo Revocatorio en 2016 no puede ser el resultado de la negociación y pactos entre las élites políticas del Gobierno y la Oposición. Este es un derecho constitucional que la ciudadanía tiene y que le permite ser garante del buen gobierno que quieren darse. El RR es un derecho constitucional a través del cual se concreta la democracia participativa y protagónica. Por lo tanto, sería una burla a la ciudadanía cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.
¿Por qué la MUD prefiere dejar el RR para 2017?
A pesar de que la MUD cuestionó las condiciones aprobadas para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, seguirá adelante, según los declaró Vicente Bello representante técnico de la MUD ante el CNE. Para dorar la píldora, anunció que la oposición denunciará ante el TSJ, la OEA y otros organismos internacionales las condiciones ilegales que ha impuesto el Poder Electoral para dificultar la masiva participación de la ciudadanía.
La crítica que la Oposición le hace al Gobierno al priorizar los pagos de la deuda externa por encima de las necesidades nacionales, sugiere que si el RR se realiza este año y la MUD gana las elecciones, esas prioridades cambiarían radicalmente.
Vale recordar que el nuevo gobierno que resulte de un RR convocado en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará el período constitucional hasta 2019. Durante ese lapso tendrá que optar entre pagar casi $ 30 mil millones en capital e intereses de la deuda externa o reorientar estos fondos para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas e insumos que requiere la reactivación del aparato productivo para poder erradicar la escasez que azota a la población.
El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, es un círculo vicioso que le quita hasta las ganas de gobernar. Por un lado, un gobierno de la MUD no cambiaría nada si no cambia el cronograma de pagos que sigue el actual gobierno. Pero por el otro, una moratoria unilateral puede ser pan para hoy y hambre para mañana al cerrar las vías al financiamiento internacional.
Si la MUD no quiere arrancar enfrentándose a los acreedores, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las elecciones presidenciales de 2019. En ese caso sería mejor que en 2016 no haya RR para que no se convoquen unas elecciones que a todas luces ganaría cualquier candidato que postule la MUD. A sus precandidatos les preocupa esta probabilidad. Por eso hay quien prefiere que el RR se posponga para 2017 y así el neo-oficialismo que complete el período constitucional sea quien cargue con ese muerto y pague las consecuencias de pagar o restructurar la deuda.
Este u otro gobierno, en lugar de mantener la inercia de un cronograma de pagos que se hace cada vez más inviable, debe plantear la conveniencia y viabilidad de iniciar una reestructuración preventiva para evitar un default caótico que pulverice el precio de los bonos y haga más oneroso el nuevo financiamiento.
No se trata de declarar una moratoria unilateral cuyas consecuencias serían muy difíciles de reparar, sino de acordar con los acreedores una estrategia ganar-ganar. Una reestructuración preventiva facilitaría un acuerdo con los acreedores que prefieren evitar los descuentos en la deuda que genera un default total.
Los programas de reestructuración después de un default suponen rebajas significativas, período de gracia y reprogramación de los pagos. Justamente esto es lo que no le gusta a los acreedores quienes estarían dispuestos a reprogramar los plazos inicialmente pactados para evitar los descuentos.
Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por aliviar la pesada carga de la deuda externa que devora los recursos que se necesitan para reactivar el aparato productivo y erradicar la escasez que ha puesto al país con las reservas de petróleo más grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria

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